por Santiago Castillo, dirigente de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida
En la población Lo Hermida, este viernes 8 de mayo, comenzó la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno. Por primera vez, las familias pobladoras nos encontramos frente a una triple amenaza que intimida con entrar en nuestras casas: la profundización de la crisis económica que viene desde hace años, los avances hacia un Estado policial que restringe nuestras libertades básicas, y ahora, la propagación del coronavirus.
Durante los últimos meses, en la televisión se ha hablado mucho sobre Lo Hermida. Más allá de lo que digan quienes no tienen idea de nuestra historia ni de nuestra realidad, lo cierto es que está población es un barrio de la clase trabajadora que este año cumple medio centenario. Nuestras comunidades mantienen un importante vínculo de apoyo entre vecinas y vecinos, pese a que se ven afectadas por los mismos dramas que miles de familias chilenas, como la falta de oportunidades, la marginalidad y la violencia generalizada, especialmente cruel con las mujeres.
Así como en el resto de las poblaciones de Chile, ha caído sobre los hombros de las familias de Lo Hermida el persistente aumento del costo de vida y el encarecimiento de los servicios básicos, que ha provocado que el valor de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras disminuya mientras las deudas suben. Desde hace tiempo en nuestra población aumentan los allegados, y los problemas que tiene cualquier familia sin una vivienda digna. Esto explica la importancia y la fuerza que tiene la lucha por terrenos para soluciones habitacionales en la comuna y por un sueldo mínimo de 500 mil pesos en nuestras comunidades, así como la masiva protesta que se hecho en las calles de Peñalolén.
Desde que se decretó el Estado de Emergencia por el aumento de la tasa de contagios por coronavirus, el fantasma de un posible colapso del sistema de salud pública recorre nuestros consultorios, que han paralizado sus servicios de forma parcial, así como se han suspendido un sinnúmero de atenciones y operaciones programadas en las listas de espera de los hospitales, perjudicando a las personas de tercera edad. Si bien esta es una precaución sumamente entendible, el gobierno ha desatendido las demandas de las organizaciones sociales y las vecinas y vecinos que pedían la declaración de cuarentena total y garantías básicas de alimentación y servicios en la comuna desde marzo. Esta finalmente se decretó dos días atrás, pero en Lo Hermida ya existen un fuerte brote de Covid-19, que tiene a más de 170 personas contagiadas.
Con el inicio de la declaración de cuarentenas comunales en el barrio alto, hubo un fuerte impacto en la economía familiar de los pobladores y las pobladoras. Por mencionar sólo dos ejemplos: un grueso de la mano de obra masculina trabaja en la construcción, donde se han perdido miles de pegas, así como un importante número de las empresas de retail, donde trabajan muchísimas mujeres pobladoras, se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, recortando los sueldos de las trabajadoras, pese a que este sector económico ha aumentado sus ventas durante la pandemia. Hoy cientos de familias recurren al trabajo informal para la sobrevivencia. Pese a las restricciones sanitarias, las colas de las ferias se encuentran más llenas que antes.
La cesantía es una amenaza real para el sustento diario de los pobladores. Si ya una importante cantidad de familias no ganaban lo suficiente para ahorrar, es evidente que la prolongación de la crisis económica pone en riesgo el sustento diario de miles de personas. El bono que entregó el gobierno, además de dejar afuera a mucha gente que lo necesitaba, no alcanzó para cubrir ni un cuarto del gasto requerido por los costos de vida actuales de una familia. Las medidas que ha tomado el Estado para apoyar a los sectores empobrecidos de nuestras comunidades han sido muy pocas: se revela que es débil en apoyar a la gente y que depende de los privados.
Considero que nos enfrentamos a una tercera amenaza. En Lo Hermida no nos acostumbramos a los controles policiales que intentan imponer como rutina, ni a las bombas lacrimógenas ni a los malos tratos de parte de Carabineros, que han abusado de los derechos humanos de cientos de pobladores, situación que fue, por cierto, denunciada dos veces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, y en este sentido, el Estado no es débil ni escatima gastos en financiar la represión. Pero creo que esta es sólo la punta del iceberg.
El gobierno, junto con el parlamento, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos que defienden los intereses de las minorías sociales más enriquecidas de Chile, desde el inicio de las protestas de octubre, han desarrollado una agenda que tiende a fortalecer las capacidades policiales del Estado frente a las demandas del pueblo y a disminuir las libertades democráticas de la población. Parte de esta iniciativa ha sido presentar los proyectos de ley antibarricadas, antisaqueos, antistickers, y más recientemente, contra la paz social, que lejos de penalizar un delito, buscan criminalizar las manifestaciones. Por otra parte se ha manifestado en la reorganización de la política y estrategia nacional de inteligencia y, que vuelve a poner al pueblo como un enemigo interno de la guerra declarada por Sebastián Piñera y a los militares a disposición para combatirla. Por último, en el esfuerzo sistemático de los medios de comunicación masivos por deformar las verdaderas causas del descontento social que existe en nuestra gente. Esta estrategia policial ha sido la más contundente respuesta del gobierno a las demandas de octubre.
Nos enfrentamos a verdaderas amenazas al bien común de la mayoría de las familias pobladoras, sobre todo ahora que se ha dado cuarentena obligatoria en comunidades donde es prácticamente imposible el distanciamiento social, producto del hacinamiento en el sector. Por eso, hoy es indispensable que instalemos nuestras necesidades de forma pública. Se necesita un verdadero plan de emergencia que abarque al conjunto de los habitantes de las poblaciones, donde se garanticen los servicios básicos, la distribución de alimentos con participación comunitaria y una renta básica para todas las familias trabajadores equivalente a la propuesta del pueblo de sueldo mínimo: 500 mil pesos.
Con una pandemia en plena expansión, y con una crisis económica que cada vez empeora más, el Estado ha resurgido con fuerza en un contexto de emergencia sanitaria, pero para garantizar los intereses de los empresarios, así como en la crisis económica de los años ochenta. Estamos frente al resurgimiento del Leviatán, dispuesto a ahogar la voluntad de cambio social de la mayoría de los chilenos y chilenas, que se ha expresado con igual fiereza en las principales calles del país. Lo que podamos hacer las organizaciones sociales tras la pandemia será decisivo.